La jueza Raquel Maza, de Ibarra, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). La medida se enmarca en una investigación por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones registradas en septiembre y octubre de 2025. La decisión judicial ha generado reacciones encontradas en el sector social y político del país.
La Fenocin es una de las organizaciones sociales más importantes del Ecuador, con presencia en varias provincias de la Sierra y la Amazonía. Las movilizaciones de 2025, en las que se exigía atención a demandas campesinas e indígenas, derivaron en bloqueos de vías y paralización de servicios en diversos puntos del territorio nacional. La investigación fiscal se centra en determinar si los dirigentes incurrieron en delitos relacionados con la interrupción de servicios públicos.
La jueza Maza consideró que existen elementos suficientes para dictar la medida cautelar, atendiendo al riesgo de fuga y de obstaculización del proceso. La defensa de Perugachi ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que se trata de una persecución política contra los líderes sociales. Organizaciones indígenas y campesinas han convocado a movilizaciones de respaldo al dirigente, mientras que sectores afines al gobierno han respaldado la actuación de la justicia.
El caso marca un precedente en el tratamiento judicial de las protestas sociales en Ecuador. Se espera que la apelación sea resuelta en los próximos días, mientras la Fenocin evalúa sus acciones legales y políticas. La situación evidencia la tensión entre el ejercicio del derecho a la protesta y el marco legal que sanciona la paralización de servicios públicos, un debate que sigue abierto en el país.